La Secretaría de Seguridad y Defensa de la Fuerza del Pueblo solicitó al Gobierno dominicano realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto desvío de municiones procedentes de existencias militares y policiales de República Dominicana hacia bandas armadas haitianas.
El reclamo surge a raíz de un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, fechado el 8 de septiembre de 2026, que motivó a la organización política a pedir aclaraciones sobre la posible salida de este material y su eventual llegada a grupos armados que operan en el territorio haitiano.
La Fuerza del Pueblo considera necesario establecer cómo habría ocurrido el supuesto desvío, cuál fue la ruta seguida por las municiones y si existieron fallas en los mecanismos de control, almacenamiento, distribución o vigilancia de los arsenales de las instituciones de seguridad dominicanas.
Durante el reclamo, la organización también planteó la necesidad de revisar los procedimientos de custodia y control de las municiones, con el propósito de detectar posibles vulnerabilidades y evitar que recursos destinados a la seguridad pública terminen en manos de estructuras criminales.
La preocupación se relaciona con la crisis de seguridad que atraviesa Haití, donde las bandas armadas mantienen una fuerte capacidad de fuego y participan en actividades criminales. En ese contexto, determinar el origen y la procedencia del material incautado resulta relevante para establecer si existieron redes de tráfico y cómo operaban.
La información publicada sobre el informe de la ONU también hace referencia a municiones vinculadas con arsenales dominicanos y a la banda haitiana 400 Mawozo. Estos señalamientos requieren una evaluación rigurosa de las evidencias y de los resultados de las investigaciones oficiales.
La Fuerza del Pueblo insiste en que las autoridades deben esclarecer los hechos con transparencia, reconstruir la ruta de las municiones y determinar si hubo participación de funcionarios o particulares. De comprobarse irregularidades, correspondería establecer las responsabilidades individuales conforme a las pruebas y a la legislación vigente.
Hasta que se determinen los hechos, el presunto desvío debe tratarse como un asunto bajo investigación, sin atribuir culpabilidad a personas o instituciones sin evidencias verificables.
