El doctor Humberto Salazar cuestionó la actuación del Gobierno frente a la situación de seguridad ciudadana y lo calificó de “flojo”, al advertir que la presión social y las protestas podrían influir en las decisiones de las autoridades y modificar las actuaciones policiales que respalda.
Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente discusión en la República Dominicana sobre la lucha contra la delincuencia, el papel de los agentes del orden y los límites que deben respetarse durante los operativos contra personas sospechosas de cometer delitos.
Salazar defendió la necesidad de que la Policía ejerza su autoridad de manera que quienes incurran en actividades delictivas teman las consecuencias de sus acciones. Su postura coincide con el planteamiento expresado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien ha señalado que uno de los objetivos de su gestión es revertir el temor que sienten los ciudadanos frente a los delincuentes y conseguir que sean estos quienes teman a la autoridad.
El tema ha adquirido mayor relevancia debido a los cuestionamientos sobre las muertes registradas durante intervenciones policiales. Un informe publicado por Diario Libre el 2 de octubre señaló que la institución acumulaba 182 fallecimientos reportados en intervenciones policiales durante ese año, según los registros recopilados por el medio. Estas cifras han alimentado las exigencias de organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil para que se investiguen los casos y se garantice el respeto al debido proceso.
El 13 de octubre, tres organizaciones lideradas por mujeres se manifestaron frente a la Procuraduría General de la República para exigir el cese de las muertes de jóvenes durante presuntos enfrentamientos con agentes policiales. Las representantes insistieron en que la lucha contra la delincuencia no debe utilizarse como justificación para vulnerar los derechos fundamentales.
En este escenario, la discusión gira en torno a cómo fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía sin permitir abusos de autoridad. Mientras algunos sectores reclaman medidas más firmes contra la criminalidad, otros advierten sobre la importancia de garantizar que los operativos se realicen conforme a la ley y que cualquier uso de la fuerza sea necesario y proporcional.
La advertencia de Salazar sobre los posibles cambios en la actuación policial plantea interrogantes acerca de cómo responderá el Gobierno ante las presiones sociales y las críticas relacionadas con la seguridad pública.
El debate continúa abierto: ¿debe la Policía endurecer su respuesta frente a la delincuencia o existe el riesgo de que una política de mayor firmeza termine afectando las garantías de los ciudadanos?
La discusión exige distinguir entre ejercer la autoridad para prevenir y perseguir delitos y actuar fuera de los límites legales. La seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales son responsabilidades que deben mantenerse como parte de una misma política pública.
