El comunicador Carlos Ferreras expuso una denuncia sobre una presunta estafa que habría afectado a un grupo de dominicanos que intentaba llegar clandestinamente a Puerto Rico en busca de nuevas oportunidades. Según las informaciones difundidas, los viajeros habrían pagado cantidades de entre RD$75,000 y RD$250,000 por persona para realizar una travesía marítima que supuestamente los llevaría hasta la isla vecina, pero que terminó con ellos abandonados en la costa norte de República Dominicana.
De acuerdo con los reportes publicados, el grupo estaba integrado por 15 personas que habrían salido desde la zona costera de Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez. Después de aproximadamente tres días y medio de navegación, los organizadores del viaje presuntamente les mostraron luces de una localidad costera dominicana, haciéndoles creer que se encontraban cerca de Puerto Rico.
Según el relato atribuido a uno de los viajeros, al llegar a tierra algunos integrantes del grupo celebraron al pensar que finalmente habían alcanzado su destino. Sin embargo, posteriormente habrían descubierto que todavía estaban en territorio dominicano y que no habían completado el recorrido prometido. Los reportes también señalan que durante la travesía se utilizaron banderas puertorriqueñas para reforzar la impresión de que habían llegado a la isla.
La denuncia ha generado atención por las elevadas sumas que presuntamente pagaron los afectados y por las circunstancias en las que se habría desarrollado el viaje. Las cantidades mencionadas representan un desembolso considerable para quienes recurren a estas rutas irregulares con la esperanza de encontrar empleo y mejorar sus condiciones económicas en el extranjero.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados a las travesías clandestinas hacia Puerto Rico, donde los pasajeros pueden quedar expuestos a engaños, condiciones marítimas peligrosas y situaciones que comprometen su integridad física. Además de las posibles pérdidas económicas, este tipo de desplazamiento puede dificultar la identificación de los responsables cuando los viajeros desconocen quiénes organizaron el trayecto o cuáles eran sus verdaderas intenciones.
Las circunstancias exactas de lo ocurrido y las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante una investigación oficial. La información disponible no permite confirmar todos los detalles del supuesto engaño ni afirmar que exista una condena judicial contra los presuntos organizadores.
