BAJOLAMIRADELALUPA
La Junta Central Electoral comunicó que interpondrá recursos de apelación contra la resolución del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, utilizando todas las vías judiciales disponibles tanto en el ámbito nacional como internacional, con el objetivo de revertir la decisión que consideró inexistente la autorización del Pleno o del presidente para la contratación reclamada.
El Pleno de la institución ordenó desplegar de manera integral los mecanismos legales necesarios para proteger los intereses, la imagen y el buen nombre de la JCE, enfatizando la necesidad de responder con firmeza ante cualquier acusación que pueda afectar su reputación.
Esta medida se enmarca en el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que aceptó la solicitud de homologar una sentencia extranjera presentada por la empresa Latin Events, LLC. La JCE precisó que sí adquirió servicios de publicidad y logística con dicha compañía, los cuales fueron cubiertos mediante una transferencia bancaria internacional SWIFT el 21 de mayo de 2024 por un total de US$230,000, monto que afirma haber liquidado íntegramente.
Posteriormente, Latin Events envió facturas adicionales por conceptos que la Junta asegura nunca fueron contratados, entre ellas una demanda de US$600,000 más US$53,250 en impuestos por la impresión de 15,000 boletos para la serie de béisbol Titanes del Caribe, celebrada en el Citi Field de Queens, Nueva York, del 10 al 12 de noviembre de 2023. La JCE sostuvo que nunca recibió una notificación oficial en sus oficinas de la República Dominicana, lo que le impidió ejercer su derecho a la defensa.
Con base en el Tratado de Viena, la entidad argumenta que las notificaciones dirigidas a consulados dominicanos en el exterior no sustituyen la notificación formal dentro del territorio nacional. Reafirmó su compromiso con la transparencia y manifestó que acudirá a todas las instancias judiciales pertinentes para demostrar que nunca asumió la obligación reclamada, con la finalidad de resguardar el uso correcto de los recursos públicos.
