Un tribunal de esta jurisdicción ordenó que Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez permanezcan tres meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación que las vincula presuntamente con una operación de tráfico de menores hacia las islas de Tórtola y Dominica.
La medida fue dispuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este. Ambas imputadas deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
En el mismo expediente, la jueza o el juez —según la información suministrada, el juez Leomar Cruz Quezada— impuso a Yaribel Cristina Esquea una garantía económica de RD$50,000, mediante una compañía aseguradora, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
El magistrado también acogió la solicitud del órgano acusador para que el proceso fuera declarado de tramitación compleja, una decisión que permitirá desarrollar el expediente bajo las disposiciones procesales correspondientes a esa categoría.
Una alerta en el control migratorio dio inicio a la investigación
El caso comenzó a investigarse el 8 de octubre de 2026, cuando Adolfina Paula Pimentel llegó al área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas acompañada de dos adolescentes que, según las autoridades, tenían previsto viajar a Tórtola y continuar posteriormente hacia Dominica.
La solicitud de medida de coerción señala que la mujer presentó tres autorizaciones para la salida de menores del territorio nacional. Durante la revisión, un inspector migratorio habría detectado irregularidades en uno de esos documentos y alertado sobre su presunta falsedad.
A raíz del hallazgo, Pimentel y las dos adolescentes fueron conducidas a un área destinada a las investigaciones migratorias, donde las autoridades profundizaron las verificaciones.
Otro elemento que despertó sospechas fue la situación comunicativa de las menores: de acuerdo con el expediente, se expresaban únicamente en creole, aunque los pasaportes que tenían consigo las identificaban como ciudadanas dominicanas.
Las autoridades comenzaron entonces a examinar la documentación presentada y las circunstancias en que las adolescentes habían llegado a la terminal aérea.
Según la versión recogida por el Ministerio Público, Pimentel afirmó que no conocía a las menores y que otras personas se las habían entregado en el aeropuerto. La investigada habría manifestado, además, que tampoco conocía a quienes supuestamente las llevaron hasta allí.
El órgano acusador informó que su arresto se produjo en flagrante delito, en el contexto de las irregularidades detectadas durante el control migratorio.
Investigan el uso de datos personales para tramitar pasaportes
Las pesquisas también se extendieron a los documentos de identidad utilizados para gestionar los viajes. Como parte del expediente, el Ministerio Público incorporó una certificación de la Dirección General de Pasaportes sobre la emisión de los documentos que portaban las adolescentes.
Según esa certificación, citada en la solicitud de medida de coerción, los pasaportes fueron expedidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.
La acusación sostiene que para obtenerlos se habrían empleado registros de nacimiento pertenecientes a adolescentes dominicanas cuyas familias residen en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Las autoridades investigan si esos datos fueron utilizados para atribuir identidades ajenas a las menores que presuntamente serían trasladadas fuera del país.
En el caso de Yaribel Cristina Esquea, el Ministerio Público alega que recibió una propuesta económica para facilitar los datos de sus hijas. De acuerdo con la investigación, la finalidad habría sido utilizar esas identidades para gestionar pasaportes destinados a otras niñas y facilitar su salida del territorio dominicano.
La solicitud judicial sostiene que Esquea aceptó la propuesta. Asimismo, atribuye a Cristian del Carmen Rosario Rodríguez una presunta oferta de pago dirigida a Esquea para facilitar el traslado internacional de una de las adolescentes.
Estos señalamientos forman parte de la teoría del caso presentada por el órgano acusador y deberán ser examinados durante el desarrollo del proceso judicial.
Tres adolescentes permanecen bajo protección oficial
Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado a tres adolescentes de 14 y 16 años como posibles víctimas de los hechos investigados. Según la información oficial, las menores se encuentran bajo el cuidado y la protección de las autoridades.
La investigación busca esclarecer cómo se habría organizado el traslado, quiénes habrían intervenido en las gestiones y de qué manera se utilizaron presuntamente los documentos migratorios y los datos personales cuestionados.
Por la naturaleza del caso, participan distintas dependencias especializadas en la investigación de delitos relacionados con la movilidad irregular de personas y la explotación de menores.
Entre ellas figuran la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Fiscalía de Santo Domingo Este, una unidad especializada del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
Los cargos atribuidos y las medidas impuestas
El Ministerio Público vincula a las imputadas, de manera presunta, con hechos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas mediante transporte aéreo y la suplantación de identidad para trasladar menores fuera de República Dominicana.
Como resultado de la audiencia, Pimentel y Rosario Rodríguez deberán cumplir tres meses de prisión preventiva, mientras que Esquea quedó sujeta a una garantía económica de RD$50,000 y presentación periódica ante el órgano acusador.
La declaración de complejidad del caso constituye otro paso procesal dentro de una investigación que involucra documentación migratoria, identidades presuntamente utilizadas de manera irregular y varias posibles víctimas menores de edad.
El expediente continuará su curso conforme a los procedimientos establecidos por la legislación dominicana. Las medidas de coerción no equivalen a una condena ni determinan por sí mismas la responsabilidad penal de las imputadas, quienes conservan el derecho a la presunción de inocencia hasta que una decisión judicial definitiva establezca lo contrario.
