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Según una fuente vinculada al proceso, cinco de los diez imputados que integran la presunta red de corrupción del Seguro Nacional de Salud han iniciado gestiones con el Ministerio Público para acogerse al procedimiento de penal abreviado, admitiendo su participación en los hechos investigados.
La misma fuente señaló que el fortalecimiento del expediente acusatorio y la acumulación de pruebas han incrementado la presión sobre los procesados, lo que ha llevado a varios de ellos, incluidos algunos bajo prisión preventiva, a explorar mecanismos de negociación judicial con el fin de reducir sus responsabilidades penales.
Asimismo, se informó que otros acusados están valorando la posibilidad de suscribir acuerdos con el órgano persecutor, en un momento en que la Procuraduría avanza en una nueva etapa de las pesquisas, identificada preliminarmente como “SeNaSa 2.0”.
En paralelo, el próximo 30 de julio el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados que cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
El expediente sostiene que la supuesta estructura habría generado pérdidas multimillonarias al Estado dominicano, inicialmente estimadas en más de RD$15,000 millones, y que investigaciones posteriores elevan la cifra a más de RD$19,000 millones. El Ministerio Público indica que las actividades ilícitas se habrían desarrollado entre 2020 y 2025.
Entre los principales señalados se encuentran el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; y Francisco Iván Minaya Pérez, junto a otros exfuncionarios y proveedores vinculados a la ARS estatal.
También forman parte del proceso Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante los tribunales haber realizado pagos ilícitos a funcionarios de la institución, cooperación que les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
La acusación incluye delitos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación documental, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, dirigida por la procuradora Mirna Ortiz, se ha reiterado que las indagatorias continúan abiertas y abarcan tanto actuaciones pasadas como posibles responsabilidades de actores vinculados al presente de la entidad.
