Una investigación de la Policía Nacional puso al descubierto una presunta estructura dedicada a la fabricación y comercialización de armas de fuego mediante impresoras 3D en República Dominicana, una modalidad clandestina que representa un nuevo desafío para los organismos de seguridad debido a las dificultades para identificar el origen de estos artefactos.
El caso involucra las denominadas «armas fantasma», armas de fuego que pueden fabricarse utilizando componentes impresos en materiales como polímeros y otras piezas adquiridas por separado. Al no contar necesariamente con números de serie ni registros de fabricación, su rastreo puede resultar más complejo que el de las armas convencionales.
Según informó la Policía Nacional este martes, entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre fueron ejecutados varios allanamientos en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. Como resultado de estas intervenciones, cinco personas fueron detenidas y se incautó una importante cantidad de armas, municiones y equipos relacionados con el presunto esquema.
Entre los artículos ocupados figuran seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 466 cápsulas, 26 cargadores, cinco armazones, 33 kits de ensamblaje y una impresora 3D.
Un argentino figura entre los principales investigados
Uno de los nombres señalados en la investigación es el del ciudadano argentino Matías Antonio Barrera, quien fue arrestado en el sector Nazareno, en Los Alcarrizos.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades, Barrera presuntamente utilizaba impresoras tridimensionales para producir armazones de polímero y posteriormente ensamblar armas de fuego que no contaban con identificación de fábrica.
La investigación también señala a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero como presuntos distribuidores vinculados con la comercialización de más de 20 armas de fuego. Ambos permanecen prófugos.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuántas de las armas incautadas fueron fabricadas mediante componentes impresos en 3D ni han precisado qué ocurrió con las unidades que habrían sido comercializadas.
¿Por qué preocupan las llamadas armas fantasma?
La principal dificultad que representan estas armas está relacionada con su identificación y rastreo.
A diferencia de los modelos convencionales, que generalmente poseen números de serie y marcajes de fábrica que permiten conocer su fabricante y reconstruir parte de su historial comercial, las armas producidas clandestinamente pueden carecer de esas referencias.
Su fabricación también puede realizarse en viviendas o pequeños talleres, mediante equipos de impresión tridimensional y componentes adquiridos por separado, lo que dificulta los mecanismos tradicionales de supervisión.
Aunque la ausencia de números de serie complica las investigaciones, estos artefactos no son necesariamente imposibles de rastrear. Las autoridades pueden recurrir a pruebas balísticas y otros procedimientos forenses para obtener información sobre su utilización y posibles vínculos con hechos delictivos.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha advertido sobre los riesgos asociados a la fabricación privada de armas, la circulación de diseños digitales y las dificultades que supone identificar armamento sin los marcajes habituales de fábrica.
República Dominicana ya figuraba como destino de estas armas
El hallazgo también vuelve a poner sobre la mesa los antecedentes del tráfico de armas fantasma hacia territorio dominicano.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la condena de Robert Alcantara, residente de Rhode Island, a 68 meses de prisión por traficar más de 100 armas de este tipo hacia República Dominicana.
Según el expediente estadounidense, Alcantara mantuvo entre 2017 y enero de 2022 un taller clandestino donde ensamblaba armas a partir de kits incompletos para posteriormente comercializarlas en el país.
Sin embargo, ambos casos presentan una diferencia importante: en el expediente estadounidense, las armas eran ensambladas en Estados Unidos antes de ser enviadas a territorio dominicano, mientras que la investigación anunciada ahora apunta a la presunta fabricación de componentes mediante impresoras 3D dentro de República Dominicana.
La Ley 631-16 y los controles sobre la fabricación ilegal
En septiembre, el Ministerio de Interior y Policía había advertido sobre las restricciones relacionadas con la fabricación ilegal de armas mediante impresión tridimensional, conforme a las disposiciones de la Ley 631-16.
La legislación dominicana establece sanciones para la fabricación de armas sin autorización y contempla controles sobre sus componentes.
Ante este escenario, uno de los principales retos para las autoridades consiste en identificar posibles talleres clandestinos, determinar la procedencia de las piezas utilizadas y establecer las conexiones entre quienes fabrican, ensamblan y comercializan estos artefactos.
El caso mantiene abiertas interrogantes sobre el alcance de la presunta estructura, la cantidad de armas que pudo colocar en circulación y el destino de las unidades que habrían sido distribuidas en el país.
